Por Camilla Mantengoli · Valencia, 27 de octubre de 2026

Introducción
Vivimos en una época definida por una paradoja dolorosa e insostenible. En 2022, el mundo tiró a la
basura un abrumador total de 1.050 millones de toneladas de alimentos, lo que equivale al 19 % de
todo lo que estaba disponible para el consumo humano. Esta colosal destrucción de recursos
convive, según el riguroso Índice de Desperdicio de Alimentos 2024 del PNUMA (Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente), con una crisis alimentaria global en la que 783 millones
de personas pasaban hambre. Al diseccionar estas cifras, la radiografía resulta sorprendente para
muchos: la industria no es la principal culpable directa del último eslabón. Los hogares particulares
fueron responsables del 60 % de esa cifra (631 millones de toneladas), mientras que los servicios de
restauración aportaron 290 millones y el comercio minorista generó los 131 millones restantes.
Pérdida y desperdicio: dos problemas distintos
Para abordar el problema, es vital hablar con propiedad.
La FAO (2019) establece una línea divisoria técnica muy clara entre las «pérdidas» y el
«desperdicio». Las pérdidas ocurren en las primeras fases de la cadena de suministro, desde el
momento de la cosecha hasta antes del comercio minorista (representando en torno al 14 % de los
alimentos producidos a nivel global en 2016). Esto suele deberse a problemas infraestructurales,
plagas, fallos en la cadena de frío o problemas de transporte.El desperdicio, por el contrario, se produce al final de la cadena: en las tiendas, los restaurantes y,
sobre todo, en nuestras casas. En este último tramo, el factor humano y los hábitos de consumo son
determinantes. Aschemann-Witzel et al. (2015) identificaron como causas principales la compra
excesiva por impulso, la mala planificación de los menús semanales y, de forma muy destacada, la
confusión generalizada del consumidor entre la «fecha de caducidad» (seguridad alimentaria) y la
«fecha de consumo preferente» (calidad organoléptica).
El impacto de este comportamiento es mayúsculo. En la UE se generaron en 2022 unos 59 millones
de toneladas de residuos alimentarios, lo que equivale a unos escandalosos 132 kg por habitante al
año. De ellos, el 54 % correspondía a los hogares, según datos de la Comisión Europea a partir de
Eurostat. Las consecuencias no son solo éticas; su valor económico dilapidado se estima en 132.000
millones de euros al año. Medioambientalmente, el daño es atroz: la Agencia Europea de Medio
Ambiente atribuye al desperdicio en torno al 16 % de todas las emisiones de gases de efecto
invernadero vinculadas al sistema alimentario de la UE, debido al metano liberado por la comida
pudriéndose en vertederos y a la energía desperdiciada en su producción.
Leyes que pasan de la recomendación a la obligación
Ante la ineficacia de las campañas de concienciación voluntarias, los gobiernos han decidido intervenir con mano dura. Francia fue pionera al prohibir por ley en 2016 que los supermercados destruyan con productos químicos alimentos no vendidos, obligándolos a donar.
Italia aprobó ese mismo año la Ley Gadda (166/2016), enfocada en eliminar trabas burocráticas y facilitar fiscalmente las donaciones.
España, por su parte, dio el salto definitivo con la Ley 1/2025, de 1 de abril. Esta ambiciosa
normativa obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria a priorizar una jerarquía estricta:
primero la prevención, después la donación para consumo humano y, en última instancia, el
aprovechamiento industrial. Sus obligaciones —como disponer obligatoriamente de un plan de
prevención y firmar convenios formales de donación con entidades sociales— son legalmente
exigibles desde el 2 de abril de 2026. Los incumplimientos se enfrentan a multas severas que
pueden alcanzar los 500.000 euros para infracciones muy graves, aunque la ley excluye a las
microempresas y a las pequeñas explotaciones agrarias para no asfixiarlas burocráticamente.
A escala continental, el cerco también se estrecha. El Parlamento Europeo aprobó en septiembre de
2025 las primeras metas vinculantes para los Estados miembros: deben reducir obligatoriamente un
10 % el desperdicio en la fase de procesado y fabricación, y un drástico 30 % per cápita en las fases
de comercio, restauración y hogares antes de finales de 2030, tomando como base de referencia la
media del periodo 2021-2023.
Tecnología y economía circular
Para cumplir con estos mandatos, la sociedad y el mercado se
están reorganizando. Los bancos de alimentos siguen siendo el eslabón más visible y esencial de
esta cadena de salvamento: a modo de ejemplo, el Banco de Alimentos de Madrid logró salvar
11.297.575 kg de alimentos aptos para el consumo humano en 2025, precisamente el año en que
entró en vigor el nuevo marco legal español.
En paralelo, las grandes cadenas de distribución recurren cada vez más a soluciones basadas en
inteligencia artificial y big data. Alcampo, por ejemplo, instaló en 2024 un sofisticado sistema
algorítmico que detecta automáticamente los productos frescos que se aproximan a su fecha límite y
propone rebajas dinámicas de hasta el 50 % (fomentando su venta rápida) o alerta para su retirada y
donación inmediata. Todo este ecosistema se basa en la jerarquía de uso que recuerda
constantemente la Agencia Europea de Medio Ambiente, un esquema piramidal irrenunciable:
primero prevenir en origen, después donar a personas, luego destinar a alimentación animal
(piensos) y, solo al final del ciclo, recurrir al reciclaje industrial, el biogás o el compostaje. Tirar a la
basura ya no es una opción aceptable.
Conclusión
El desperdicio alimentario ha dejado definitivamente de ser una cuestión de buena voluntad
corporativa o responsabilidad social corporativa (RSC) para convertirse en una estricta obligación
legal con metas medibles e inspecciones periódicas. Sin embargo, aunque la industria y la
distribución se están adaptando a golpe de sanciones e innovación, el reto definitivo es que este
cambio cultural llegue también a la cocina de cada casa, donde hoy por hoy se tira más de la mitad
de lo que se desperdicia en Europa. En ese ámbito privado e invisible, más que el temor a una ley,
lo que hace falta es recuperar la educación alimentaria y el respeto ancestral por la comida; es decir,
construir un hábito.
Bibliografía
1. FAO (2019). The State of Food and Agriculture 2019: Moving forward on food loss and
waste reduction. FAO.
2. Aschemann-Witzel, J., et al. (2015). Consumer-related food waste: causes and potential for
action. Sustainability, 7(6), 6457–6477.
3. PNUMA / UNEP (2024). Food Waste Index Report 2024. Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente.
4. Comisión Europea (2025). Food waste reduction targets. food.ec.europa.eu.
5. Agencia Europea de Medio Ambiente (2025). EU waste prevention check-up: more effective
measures needed to tackle food waste.
6. Comisión Europea, Knowledge for Policy (2024). European Consumer Food Waste Forum.
7. Garrigues (2025). España aprueba una ley para evitar las pérdidas y el desperdicio que se
producen a lo largo de toda la cadena alimentaria.
8. Banco de Alimentos de Madrid (2026). Memoria anual 2025.
9. Alimarket (2025). La Ley 1/2025 de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio
Alimentario ya es una realidad.
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